CRIPTOMONEDAS: FUNCIONAMIENTO, SITUACIÓN NORMATIVA Y FISCALIDAD

Pese a que el auge y fama actual de las criptomonedas, el nacimiento de su concepto pertenece a finales del siglo XX, en 1998, por Wei Dai, cuya idea era la creación de una nueva clase de dinero descentralizado, en el que no interviniesen los bancos como terceros intermediarios, y su control se realizase a través de la criptografía. Sin embargo, no fue hasta 2009 cuando se creó la primera criptomoneda, el Bitcoin, lo que llevó a que en 2011 comenzase a aumentar el interés, especialmente cuando en abril de 2013 el Bitcoin sufrió un ascenso vertiginoso.

¿Qué son exactamente las criptomonedas?

Son un medio digital de intercambio protegido con criptografía y con registro consensual distribuido, por lo que su control es descentralizado. Se considera una divisa alternativa o moneda digital, lo que supone que no esté ligada a ningún banco ni Estado en concreto, escapándose al control de los mismos. Permiten hacer pagos de manera más económica, almacenar valores y en algunos mercados se intercambian por moneda real. El valor de las criptomonedas se determina por la oferta-demanda, puesto que no existe un activo detrás que respalde su valor y muchas están diseñadas precisamente para disminuir gradualmente su producción controlando las unidades en circulación y con ello su valor.

El funcionamiento de estas monedas se basa en una red de nodos, cadena de bloques o blockchain, en la que cada nodo es uno de los partícipes, en la que se permite las transacciones de criptomonedas sin intervención de intermediarios y permitiendo mantener el anonimato, siendo cada uno de estos nodos, partícipe y gestor: cada una de las transacciones realizadas con las criptomonedas deben ser verificadas y validadas por cada uno de los nodos, es decir, comprueban que efectivamente ese valor existe en la cuenta de origen, que se haya transmitido adecuadamente a la cuenta de destino y una vez dan su visto bueno, se registra la transacción, incluyendo hora y datos de los usuarios intervinientes en cada uno de los nodos, produciéndose una sincronización general de la información, lo que conlleva que de cada criptomoneda que se moviliza se conoce todo su recorrido anterior. Toda esa información es pública al estar perfectamente disponible a lo largo de toda la cadena de nodos.

Este método de registro consensuado, en el que todos los nodos validan la transacción a través de certificados y firmas digitales que aseguran la autenticidad de las validaciones y que genera un registro de esta transacción en todos ellos, supone que sea casi imposible la alteración de información, ya que requeriría modificar todos los datos existentes en cada uno de los nodos o partícipes que forman parte de la cadena.

Una vez la transacción es validada, se une a la información existente de otras transacciones y en el momento en que se consigue una agrupación de estas, se sellan en un bloque que queda cifrado con criptografía al anterior y más adelante también al posterior, volviéndose inalterables, por lo que esa información no podrá perderse, ni modificarse, ni eliminarse; en resumen, es información inmutable y perpetua. Es por esto por lo que este modelo de transmisión de información tiene aplicaciones útiles fuera de las criptomonedas.

Precisamente a la “captura” de estas transacciones para la formación de bloques de intercambios de criptomonedas y proceder a su sellado a cambio de una cantidad de estas monedas se dedican los “mineros”. Los mineros tienen que realizar los cálculos de algoritmos que resuelven el problema criptográfico para poder sellar estas transacciones, por lo que se agrupan, para asegurarse un mayor éxito. El único recurso que necesitan para realizar esta actividad es electricidad y en algunos casos software que les soporte esta actividad, por lo que el margen de beneficio puede ser muy grande.

Y es justo aquí cuando comienzan las controversias. A falta de una regulación para el mercado global de criptomonedas, la consideración de cada una de ellas y de sus actividades depende directamente de cada Estado. Así, por ejemplo, en Venezuela se persiguen las granjas de minería, por el bajo coste de la actividad y su alto beneficio, en Bangladesh es delito punible la transacción de estas monedas siendo penado con hasta 12 años de cárcel, y en algunos países como Corea del Sur y China, son ilegales financiar las ICO (ofertas iniciales de moneda) por su posibilidad de financiación de terrorismo y mafias, en base a su anonimato, y al aumento de créditos especulativos que pueden dar lugar. Sin ir más lejos, tal y como publicó New York Times en 2019, el grupo miliciano Palestina Hamás desarrolló una campaña para financiarse a través de Bitcoin.

Ya en Europa se han preocupado de esta cuestión con la 5ª Directiva (UE) 2018/843 para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, cuyo plazo de transposición para España se terminaba el 10 de enero de 2020, por la que debe ampliarse su ámbito de aplicación a las Plataformas de Cambio de monedas Virtuales y Proveedores de Monederos o Wallets de Monedas Virtuales y aunque la regulación de las criptomonedas en el país no es clara, al menos sí podemos resaltar algunos puntos claros: minar criptomonedas se considera una actividad económica que conlleva obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, por la que debe darse el alta en el Impuesto de Actividades Económicas, así como el cambio de las mismas a euros y otras actividades de datos, pero que no tributa por IVA puesto que no existe un cliente definido, aunque esto supone a su vez que no se puede deducir el IVA de los equipos y demás que sean necesarios para la realización de la actividad, tal y como determina la Consulta V099/2018 de Hacienda.

El intercambio entre diferentes tipos de criptomoneda, si ha existido cambio de valor, se deberá reflejar en la Renta. En cambio, atendiendo a diversas Sentencias de la Unión Europea y Consultas de Hacienda sobre la compraventa de estas, pese a que puedan haberse producido cambios de valor, no tributan ni devengan IVA. Sin embargo, no hay que confundirse, la compra de otros bienes que se pague con criptomonedas si requiere el pago del IVA que genere ese bien. Finalmente, no puede olvidarse que siempre existe el riesgo de sufrir pérdidas cuando se invierte en criptomonedas, compensables con las pérdidas y ganancias patrimoniales, tributando únicamente por el beneficio real, la diferencia de éstas, pudiendo compensarse máximo con un 20% de los rendimientos de capital mobiliario y en caso de que tras esta operación siga habiendo pérdidas, se podrán compensar con un 20% de los rendimientos de capital mobiliario, por lo que las pérdidas de criptomoneda se podrán compensar con lo ganado en acciones o fondos por ejemplo.

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