¿En qué consiste el ‘Nuevo Pacto Digital’ de Telefónica?

La digitalización debe ser un proceso inclusivo abierto a todos. Para que esta sea universal, el despliegue de banda ancha debe ser una prioridad para la  administración pública. Por su parte, el sector privado tiene que fomentar  nuevos modelos sostenibles de despliegue de infraestructuras y comercialización en zonas sin acceso.

Los gobiernos deben ofrecer formación y educación para garantizar el derecho al empleo de las personas ante el riesgo de la automatización de muchos trabajos gracias a la pujanza del internet de las cosas (IoT) o la inteligencia artificial. Además, sus políticas sociales deben proteger los derechos de los trabajadores. Por otro lado, es muy importante que se implemente un sistema fiscal claro que obligue a las plataformas globales de servicios digitales a pagar los impuestos locales correspondientes.

Los usuarios deben conocer de forma trasparente sus datos y tener el control sobre cómo y cuándo utilizarlos. Para lograr esa confianza es necesario garantizar la seguridad y privacidad de los datos mediante la colaboración público-privada.

Los gobiernos y las instituciones deben velar por la aplicación de los valores y leyes existentes. Las autoridades deben supervisar los mercados para evitar posiciones de dominancia y que las grandes plataformas globales de internet condicionen la experiencia digital de los usuarios.

La legislación y supervisión de los mercados debe enfocarse en la regulación de actividades (“el qué”), en lugar de una regulación de entidades (“el quién”), aplicando por tanto el principio de mismo servicio mismas reglas. Los políticos, a su vez, deben de dar con soluciones globales y regionales a problemas transfronterizos. Para ello, es necesario reforzar la colaboración internacional y solucionar asuntos espinosos como  el flujo internacional de datos.